Desokupa: una cuestión de voluntad política

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Miguel MartínVocal de la Assemblea del Raval
Martes, 13 de septiembre del 2016 – 10:01 h El Periódico. Cartas del lector

Tras el intento desalojo extrajudicial en el Raval por parte de Desokupa, se han puesto en circulación un conjunto de argumentos que llaman a la impotencia: la legalidad formal de Desokupa, un exceso de garantías judiciales en los procesos de desahucio que justificaría a quienes contratan sus servicios, la ausencia de denuncias por parte de las víctimas o la dificultad de las administraciones para tomar medidas. Desde la Assemblea de Barri del Raval, pensamos que deben ser respondidas.

Todo recuerda a los pretextos utilizados hace una década ante el ‘mobbing’ inmobiliario, el cual hoy no podemos dar por desaparecido y, precisamente, la actuación de Desokupa bien podría entrar en su definición de la Llei del Dret a l’Habitatge: «tota actuació o omissió amb abús de dret que té l’objectiu de pertorbar la persona assetjada en l’ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte material, en el personal o en el social, amb la finalitat última de forçar-la a adoptar una decisió no volguda sobre el dret que l’empara…»

Sorprende que fuentes policiales aseguren la legalidad de Desokupa o que un miembro del Colegio de Abogados avale que «la actividad de la empresa en los términos de intermediadora en que se publicita» (ELPERIÓDICO 6/09/2016), cuando Daniel Esteve Martínez, cabeza visible de Desokupa, no es jurista o especialista en mediaciones, sino que es organizador combates de boxeo y artes marciales. Esteve, además, estuvo imputado «por presuntos delitos de extorsión y asociación ilícita en un proceso penal» (‘El País’, 26/01/2010) por la actividad de Morososbcn. Lo que importa no es cómo se anuncian, sino la muy dudosa legalidad de lo que hacen para que los inquilinos renuncien a sus derechos.

Por otra parte, resulta indignante argüir, para justificar que alguien se tome la justicia por su mano, que sus víctimas tienen «demasiadas garantías judiciales», en una ciudad donde, hasta septiembre de 2015, se habían producido 2.489 desalojos solo de viviendas en alquiler (EL PERIÓDICO, 28/03/2016). Cuando, a pesar de lo que hemos vivido en los últimos años, sigue sin haber políticas que garanticen el derecho a la vivienda, y no se han tomado más que medidas parciales y paliativas, que atajan el drama solo cuando la familia ya está prácticamente en la calle, todavía se utilizan los falsos argumentos que llevaron a la aprobación del desahucio express.

Finalmente, en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias ante un desahucio, es difícil que dispongan del apoyo jurídico para personarse judicialmente ante un acto de matonismo. Las administraciones han de poner de su parte, dando una respuesta rápida y efectiva, y mostrando a las personas afectadas que no van a estar desamparadas ni desprotegidas. Si se quedan de brazos cruzados, o comienzan a lanzarse la pelota de las mutuas (in)competencias, difícilmente ninguna de las víctimas de Desokupa o empresas similares sentirá que puede hacer nada al respecto. Es una cuestión de voluntad política.

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