[Cartel y octavilla imprimibles + mapa del CAP Drassanes más abajo]
LUCHEMOS POR NUESTROS DERECHOS SOCIALES.
Basta de desigualdad y de pobreza.
Quizá podemos entender las gravísimas consecuencias de la destrucción de los servicios públicos y sociales escogiendo un pequeño fragmento de la realidad del Raval, el eslabón más frágil, 6.514 personas de más de 65 años, 487 con pensiones no contributivas por jubilación, 722 con pensiones no contributivas por invalidez. Muchos de ellos ya viven en situaciones de altísima precariedad económica, física e incluso habitacional, una buena parte viven solos y dependen de la atención y el cuidado del vecindario. Todos sin excepción requieren de asistencia social personalizada, de servicios sanitarios eficaces y cercanos, de espacios comunitarios que faciliten una vida social, una infraestructura asistencial que hoy apenas parchea una calidad de vida bajo mínimos.
Cuando el Govern catalán habla de «fraude» o de «abuso» en los servicios o en las ayudas públicas para justificar los recortes en educación, asistencia o sanidad, manipula la realidad para ocultar lo más importante: cada día que aumenta una lista de espera, cada minuto de atención que se escatima, cada euro que se retira de fines sociales, no repercute en aquellos a los que hipócritamente se acusa de «abusar», sino precisamente en quienes necesitan más servicios, asistencia más inmediata, atención de más calidad y mayores recursos para cubrir los mínimos de supervivencia.
Eso vale igual si hablamos de becas de comedor, de PIRMIs, de asistencia médica o de educación. En una Cataluña donde el 20% de la población vive debajo del umbral de la pobreza, con una tasa de paro del 18% que en el caso de los jóvenes alcanza un 40%, y donde el 88% de los contratos firmados hasta agosto de 2011 son temporales, recortar todo tipo de servicios básicos, no merece otro nombre que el de crimen social. Sobre todo si contamos con que las grandes fortunas defraudaron, durante 2010, 42.771 millones de euros, según la asociación de técnicos de Hacienda GESTHA; de los cuales 16.000 corresponden a grandes fortunas catalanas. Entre ellas, la de Artur Mas Barnet, padre del actual presidente, con un expediente abierto por 823.262 euros.
Detrás de todo esto hay decisiones políticas que determinan el futuro, y que vienen a añadirse a medidas anteriores, como la subida del IVA o la reducción de impuestos a los más ricos, afrontando la crisis hipotecando el futuro de las clases empobrecidas. Lo que hoy está en juego es la privatización paulatina de derechos elementales. Los recortes en hospitales y escuelas públicas, son la antesala de la extensión de la sanidad y la educación privadas, de la misma manera que la destrucción de la red de asistencia social supondrá la privatización y la conversión de la atención a la pobreza en otro negocio más. Ámbitos que pasarán a ser objetos de compra-venta, derechos mercantilizados sujetos a comprarse a tanto el kilo, la construcción de un mundo más miserable, eso sí, en nombre del desarrollo y el progreso.
Por eso te llamamos a la movilización el próximo 18 de septiembre.
Derecho a la educación, a la sanidad y a la asistencia social en El Raval, en todas partes y para tod@s.
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